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Actualidad
Varios periodistas asesinados o amenazados en Latinoamérica
Por
José Insaurralde
Secretario de derechos humanos
Federación de Periodistas de América Latina y el Caribe (FEPALC)
En la ciudad de Panamá, el reportero gráfico del diario “El Siglo”, Eliécer Santamaría, murió este martes apuñalado por desconocidos que lo atacaron en un taxi con el que se trasladaba para realizar una cobertura periodística.
El trabajador de prensa se dirigía al sector de La Porqueriza, en el barrio de Pueblo Nuevo, zona este de Panamá, para cubrir una balacera en el lugar. En el trayecto, su taxi fue abordado por dos personas que con móviles aún no precisados lo apuñalaron cobardemente. Santamaría, de 50 años, conocido por sus amigos como “Z-15” fue trasladado en grave estado al Hospital Santo Tomás, donde falleció minutos después.
Sus colegas del diario “El Siglo”, junto con el Sindicato y el Colegio de Periodistas de Panamá expresaron su dolor e indignación por la muerte del reportero gráfico, al que distinguieron por su carácter sencillo, carisma y espíritu solidario. En su carrera profesional ganó cuatro premios en concursos de fotografía periodística
La Federación de Periodistas de América Latina y el Caribe se sumó a los enérgicos reclamos del Sindicato de Periodistas y del Colegio de Periodistas de Panamá, dirigidos a las autoridades de ese país, para que efectúen una efectiva y exhaustiva investigación del crimen, capturen y castiguen ejemplarmente a los culpables.
El presidente de la República Martín Torrijos dijo que lamentaba el asesinato de Santamaría y aseguró que reforzará la seguridad en las calles. Los periodistas y entidades sociales de Panamá expresaron por su parte que se está llegando a un nivel de gran alarma pública e inseguridad, con grandes fallas en el sistema, tanto en la faz preventiva como en la coercitiva, mientras una ola de violencia sigue asolando a los panameños.
Asesinan en Oaxaca a locutoras indígenas
En la población de San Juan Copala, Oaxaca, sureste de México, fueron asesinadas Felicitas Sánchez (21) y Teresa Bautista Merino (24), locutoras indígenas de la radio comunitaria “La Voz que rompe el silencio”.
Las comunicadoras murieron al recibir impactos de bala por parte de un grupo de desconocidos que las emboscaron este lunes al mediodía cuando viajaban por la carretera que conduce del paraje Joya del Mamey a Putla de Guerrero, en el estado de Oaxaca, atentado en el que cuatro personas más resultaron heridas.
La policía encontró en el lugar al menos una veintena de casquillos percutidos de calibre AK-47, que testimonian la violencia del ataque
“La Voz que Rompe el Silencio” es una radio comunitaria que transmite desde enero del 2007. El proyecto comunicativo contiene en su mayoría a jóvenes y adolescentes del pueblo triqui.
En el Centro de Apoyo Comunitario Trabajando Unidos (CACTUS), dijeron que el grupo había salido a reportear, a grabar a la gente. Eran comunicadoras indígenas que cumplían con una tarea encomendada por las autoridades comunitarias. Omar Esparza, coordinador de derechos humanos del CACTUS señaló que “es una lástima que nadie haya atendido las denuncias que venimos haciendo sobre la situación crítica que vive la región desde hace unos cinco meses”.
Los hechos se suman al contexto de inseguridad y confrontación política que ha caracterizado a ese lugar, luego de que en enero del año pasado autoridades comunitarias y organizaciones del pueblo triqui (grupo indígena de la región), declararan la creación del municipio autónomo de San Juan Copala a 350 kilómetros de la capital del Estado. Y en este contexto, son lamentables las condiciones de inseguridad con que los comunicadores se ven obligados a ejercer su profesión.
ARTICLE 19 y el Centro Nacional de Comunicación Social (CENCOS) formularon un nuevo llamado al Estado mexicano para que adopte todas las medidas, tanto de orden legislativo como político, tendientes a otorgar garantías de seguridad física y jurídica a las personas que ejercen las libertades de expresión y prensa, de acuerdo con las obligaciones y estándares internacionales en materia de derechos humanos.
Amenazan de muerte a reportera de Río Branco
La periodista Marlene Vaz recibió amenazas contra su vida y la de su familia en la jornada del martes 8 de abril, cuando se encontraba en los pasillos del Tribunal de Apelaciones, en Montevideo.
Las amenazas tienen relación con una investigación periodística que realizó Marlene sobre la desaparición de 9 mil pares zapatillas Nike que se encontraban en depósito en una seccional de Río Branco.
“Si seguís investigando el caso de los championes robados te vamos a matar, no te olvides de lo que le pasó a tus hijos”, amenazó una voz desde un número que fue identificado como proveniente de la localidad de Cerro Largo.
Por este caso, la periodista quedó insólitamente procesada y el próximo 24 de abril recibirá la sentencia sobre su apelación. Vaz se mostró muy conmovida por las amenazas y que comprueba el trasfondo de presión que viven ella y su familia.
En la actual instancia judicial estuvo representada por el abogado Édison Lanza y se hizo presente el secretario del Interior de la APU, Richard Prieto. La Asociación de la Prensa Uruguaya (APU), organización afiliada a la FEPALC, anunció que solicitará una reunión urgente con la Ministra del Interior del Uruguay, Daysi Tourné, para ponerla en antecedentes de la grave situación.
Detienen en Lima a dos periodistas
José Santillán Arrúz, periodista del diario “El Comercio” y Luis Corrales, camarógrafo de Canal “N”, fueron detenidos este martes 8 de abril por efectivos de la Policía Nacional en el interior del Hospital de dicha institución.
El hecho ocurrió durante una inspección realizada por la Defensoría del Pueblo al citado nosocomio, ante las denuncias por falta de abastecimiento de medicinas.
Corrales relató que fueron invitados por la Defensoría para acompañarlos en la recorrida, formando parte de la comitiva, y pese a contar con chalecos identificatorios de prensa igual fueron detenidos por la autoridades policiales en el interior del hospital, por más de tres horas, alegando que “habían usurpado funciones”.
Los comunicadores, que fueron puestos en libertad por intervención de sus abogados, informaron en la Asociación Nacional de Periodistas del Perú que previamente fueron sometidos a un interrogatorio policial y que por todo lo ocurrido iniciarán las acciones legales que correspondan.